La necesidad de conocer la relación sociedad-naturaleza abrió camino a las ciencias sociales para desarrollar enfoques multidisciplinarios. Desde hace más de tres décadas la sociología, la geografía y la antropología se ocupan de caracterizar los fenómenos emergentes relacionados con esa problemática. Entre otros, destaca la influencia teória, política e ideológica del marxismo; así, irrumpen temas como el origen de “la fractura metabólica” (Foster, 2000), entre ecosistemas y sociedades humanas.

Si bien la antropología física trae en su corpus teórico, la comprensión de la relación cuerpo-cultura-ambiente es, en su revisión autocrítica, en diálogo con el materialismo histórico y la economía política, la que abre espacio al etnomarxismo (López y Rivas, 2010) y permite la expresión de los sujetos (víctimas, actores y testigos directos). La antropología política, en tanto, da cuenta de la relación entre el poder, los sistemas políticos y los altos costos socioambientales que ha provocado el desarrollo industrial. Desde la antropología es posible conocer las racionalidades ecológicas subyacentes y los saberes ecológicos de los colectivos indígenas, asociaciones productivas campesinas, urbanas, ecologistas y gremiales, quienes son portadores de modos, prácticas culturales, principios éticos en torno al uso y manejo de los bienes naturales. La mirada antropológica es la que nos permite hacer visible y documentar estos saberes diversos y al mismo tiempo particulares, y éstos se han consolidado como la parte sustantiva de la acción antropológica.

En este orden, los pasos que se han dado hacia el reconocimiento al derecho a un medio ambiente sano son el resultado de librar conflictos diversos, en terrenos hostiles, sobre todo con poderosos intereses económicos amenazantes al medio ambiente y a los saberes diversos de la humanidad para la gestión de los ecosistemas. Este orden amenazante ha sido particularmente tenaz para despojar a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, situación que impone un desafío autocrítico para superar la mirada etnocentrista, así como analizar el poder y la antropología como herramientas del imperialismo (Gough, 1968).

En la defensa de los derechos políticos y jurídicos de los pueblos indígenas se ha desarrollado la antropología jurídica, que pone de relieve el pluralismo jurídico y la interlegalidad, entre otras perspectivas, como espacios dialógicos para la construcción de contrapoder frente a la industria corporativa, extractiva, financiera y al Estado, cuando éste sirve a los intereses del capital extractivista. Los estudios antropológicos dan cuenta sobre cómo los han privado de sus derechos integrales: territoriales, conocimientos locales, siembra y almacenamiento de semillas, alimentación conforme a sus prácticas e historia; mantenimiento de un entorno saludable; producciones agroecológicas; recolección de plantas medicinales y pesca artesanal; toma de decisiones colectiva, economía solidaria, etcétera. La pericia antropológica ha aportado a las instituciones judiciales y asambleas legislativas evidencias de soporte que permiten conocerlos y reconocerlos como sujetos primordiales en el cuidado de los ecosistemas. Los peritajes antropológicos son herramientas útiles que se han usado como recursos jurídicos que, en muchas ocasiones, determinan el fallo de jueces en relación con pueblos indígenas, comunidades campesinas y movimientos socioambientales, verdaderos hechos históricos frente a la operación y ejecución de planes de infraestructura.

Los mandatos multilaterales de la Organización de las Naciones Unidas, como la Cumbre de la Tierra (Brasil, 1992), promovieron que los Estados legislaran respecto a los derechos ambientales. En México, el derecho al medio ambiente sano se instituyó en 1999 en el artículo 4º de la Constitución mexicana: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este dere­cho”. En contraparte, las modificaciones al artículo 27 dejaron sin posibilidad de reconocimiento a los pueblos indígenas, como sujetos de ­derecho­, cuando abrió a la venta la propiedad colectiva de la tierra; además de que reincorporó al capital en la cadena productiva del petróleo —Reforma Energética y Ley de Hidrocarburos—, leyes que abrieron paso corporativo a los bienes naturales: suelo, subsuelo, agua, bosque y biodiversidad, con altísimos costos socioambientales.

La realidad muestra que un medio ambiente sano para todos es ­posible sólo si se considera el derecho a la soberanía alimentaria y libre determinación de pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT), la valoración del ­papel histórico que pueblos originarios y comunidades campesinas ­tienen para conseguir un ambiente sano, la restauración de las soberanías territo­riales, sanitarias, alimentarias y económico-productivas. En la ­tarea de garantizar los derechos humanos, la antropología debe seguir atenta, reflexiva, autocrítica y dialogante.