En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU consa­gró “el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad”. La concepción de cultura, según se expresa en la Declaración, privilegiaba el aprecio por el conocimiento y la creatividad personal. En contraste, la idea antropológica de la cultura se ha referido a un sistema de conocimientos, creencias, valores, símbolos y prácticas, dotado de una lógica propia, que constituye la característica distintiva de una etnia o pueblo. Al cabo de algunos años, la visión de la onu se fue acercando a la de los antropólogos. La Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y los Pueblos Colonizados (1960) reconoció las culturas de las naciones emergen­tes como patrimonios colectivos.

Algunos años más tarde, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos precisó el derecho de las “minorías étnicas, religiosas o lingüísticas […] a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) proclamó la diversidad cultural como un tesoro de la humanidad y auspició y difundió el libro Raza e historia, de Claude Lévi-Strauss (1960), que refutaba la validez científica de la noción de raza y la tesis de la superioridad de unas culturas sobre otras. Estas ideas se ampliaron y confirmaron oficialmente en el texto Nuestra diversidad cultural (1998), firmado directamente por la Unesco. El Convenio 169 de la OIT (1989) y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales (2007) definen a estos pueblos como portadores de derechos colectivos —entre ellos, a su propia cultura— en el seno de los Estados nacionales.

La introducción del tema de los sujetos y derechos colectivos en la discu­sión en torno a los derechos humanos conlleva una modificación importante en el pensamiento liberal e individualista que antes ­prevalecía. Desde el documento citado sobre la descolonización, se introdujo el ­concepto pueblo, y en otro texto oficial de la ONU, el Pacto ­Internacional ­sobre los Derechos Sociales y Culturales (1966), se estableció la “libre autodeterminación” como un derecho de los pueblos. Inicialmente, este ­concepto quiso interpretarse como el resultado de un contrato social, depen­diente de la voluntad de los individuos, aunque también aludía a un componente histórico. Pero en el Convenio 169 y en la Declaración de 2007, el concepto pueblos indígenas adquiere explícitamente una justificación histórica e institucional, que trasciende la explicación individualista.

De la jurisprudencia internacional podemos recuperar cuatro postula­dos: 1) la cultura puede considerarse como un “bien primario”, es decir, necesario para el desarrollo humano pleno; 2) no puede predicarse simplemente de los individuos, sino que remite, como refiere la Declaración de 1948, a “la vida de la comunidad”, que por tanto goza de derechos propios; 3) en el caso de los pueblos indígenas, la vida de la comunidad comprende dos ámbitos: el de cada uno de los respectivos países donde se ubican y el definido para cada pueblo por sus propias instituciones, historia, memoria y conciencia identitaria, y 4) la compatibilidad de estos dos ámbitos se vincula estrechamente con una definición plural, no homogeneizante, de la ciudadanía.

Ninguna cultura es per se superior a las demás; todas son dinámicas y perfectibles, y pueden y deben aprender de las demás. Sin embargo, el diálogo intercultural no será posible mientras persistan brechas de desigualdad y exclusión. La lucha cotidiana por la justicia social es una condición necesaria para que florezca el derecho humano a la cultura.

Texto escrito por el Dr. Guillermo de la Peña