En 1948, la onu emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos —por primera vez “universal” y también por primera vez “humanos”, no del hombre— que en su artículo 2º proscribía cualquier forma de discriminación basada, entre otros motivos, en el sexo. Sin embargo, los primeros estu­dios —muchos de ellos, antropológicos— en torno a la condición de las ­mujeres alrededor del mundo hacen patente su necesidad de especificidad. Años ­después, en 1975, la onu organizó la Primera Conferencia Mundial sobre la ­Mujer, que se celebró en la Ciudad de México; como resultado de esta primera Conferencia, en 1979 se firmó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés), que es el primer instrumento que reconoce la particular situación de desigualdad de las mujeres. En 1995, durante la Cuarta Conferencia de ­Naciones Unidas sobre la Mujer, se firmó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; plataforma que, más de veinte años después, aún funge como guía internacional para lograr la igualdad de iure y de facto de las mujeres.

En 1994, frente a las condiciones particulares en que viven las mujeres latinoamericanas, se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. Ésta trascendió la discusión de la discriminación contra las mujeres, al lograr categorizar los distintos tipos de violencia que experimentan mujeres y niñas a lo largo de su vida. La Convención influyó de manera consistente en las transformaciones legislativas de los países latinoamericanos. El reconocimiento del “Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, como un derecho fundamental, inspiró la creación de leyes (de segunda generación) que sancionan la violencia ­contra las mujeres y cuyo bien jurídico protegido es su vida (a diferencia de sus predecesoras, que sólo protegían el bienestar familiar). Esta influencia puede observarse en México con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).

Los cuestionamientos sobre las necesidades específicas de las mujeres y las críticas de las estrategias internacionales de transversalización del género se han sustentado, desde un principio, en el trabajo de las pioneras de la antropología feminista. A partir del contracongreso que organizaron activistas y académicas feministas, paralelamente a la Primera Conferen­cia Mundial sobre la Mujer en 1975, hasta el trabajo etnográfico actual con sujetos no binarios, o mujeres que viven la interseccionalidad en sus ­cuerpos, la teoría y práctica de los derechos humanos están en deuda con la antropología; más específicamente, con la etnografía feminista.

Si el punto de vista con el que se observa la realidad social enfoca direc­ta­mente las relaciones de género, las preguntas específicas generan respues­tas que no siempre son visibles en una primera mirada, panorámica o ­incluso superficial. Por tanto, si las mujeres se habían ocultado en las ciencias sociales, la investigación antropológica —desde el trabajo pionero de ­Margaret Mead— les ha dado voz a las protagonistas de una historia de rechazos y olvidos, que en el mejor de los casos derivan en abandono y en el peor, en violencia.

Más que la igualdad de género, el trabajo antropológico nos permitió percibir múltiples desigualdades. Sin duda, en cualquier comunidad —de hecho, en cualquier país, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)— las mujeres tienen un acceso limitado a sus derechos, tanto civiles como políticos, sociales, económicos o culturales. Esta forma persistente de desigualdad se articula con otros factores de discriminación, particularmente relevantes para entender los contenidos y alcances de los derechos humanos. Es frecuente utilizar la tríada raza/etnia, género y clase social para explicar relaciones inequitativas; en la actualidad, es posible agregar otros elementos importantes: la edad o generación, el monolingüismo, el estatuto migratorio, por citar sólo algu­nos ejemplos. La visión de conjunto revela una gama de desigualdades que pone en tela de juicio el principio de igualdad que da sustento a los de­rechos humanos. Las voces de las mujeres transmiten una arraigada sensación de injusticia que en sí misma cuestiona la universalidad de las ­prerrogativas fundamentales. La investigación final arroja como resultado una especie de poliedro cuyas aristas son precisamente mecanismos de ­discriminación.

 

Hiroko Asakura

Profesora Investigadora del CIESAS