La visión de la sociedad, que da lugar a postulados de la ONU sobre derechos humanos universales, específicamente el ICCPR y el ICESCR,[1] proviene de dos ideologías distintas: una centrada en derechos sociales —­bloque comunista— y otra en individuos ciudadanos —bloque capitalista—. Ambas implican derechos políticos de diferente orden que debe resguardar el Esta­do. Declarar el trabajo —entendido como la forma en que se produce lo requerido para la continuidad de la vida humana en sociedad— un derecho humano de carácter universal, reconoce que en la sociedad dominante, de corte capitalista o no, la producción y distribución de bienes y servicios conlleva desigualdades y abusos por parte de los empleadores. De ahí el énfasis en definir jornadas laborales, aspectos de seguridad laboral y, sobre todo, salarios justos que permitan tener una vida digna, tanto para la persona empleada como para sus dependientes.

El derecho a la elección voluntaria del empleo, a la asociación gremial y a contratos colectivos de trabajo son consecuencias del largo esfuerzo por obtener mejores condiciones de trabajo, evitar la discriminación por edad o género, origen racial, así como el trabajo infantil.

En sus investigaciones sobre trabajo y trabajadores, la antropología muestra cómo se viven estas desigualdades en grupos culturales concretos; humaniza el concepto del derecho al trabajo plasmado en convenciones que terminan sólo en buenas intenciones. Múltiples etnografías realizadas en poblados campesinos, localidades urbano-industriales y en fábricas relatan cómo grupos particulares enfrentan, o no, las tendencias a la desigualdad del sistema económico capitalista global. Por ejemplo, cómo ­obreros, molestos por abusos o una escasa remuneración, disminuyen el ritmo de trabajo, detienen la línea de producción, ponen límites al trabajo a destajo o descomponen el equipo de trabajo para alcanzar lo que consideran una jornada laboral justa. Al mismo tiempo, los dueños del capital sustituyen mano de obra con nuevas tecnologías, o cierran fábricas y abren nuevas con condiciones aún más precarias. También está el trabajo colectivo para construcción de caminos, vivienda, preparación de campos de cultivo y canales de riego, que involucra la reciprocidad y acuerdos sobre ciertos bienes que no se privatizan.

Quienes investigan desde los hogares de los trabajadores, señalan actividades laborales no remuneradas y algunas emergentes no ­reconocidas por el Estado. Como ejemplos se puede citar el trabajo cotidiano del ­hogar, que incluye cuidar a los hijos, reparar enseres, lavar y planchar ropia ­propia y ajena, elaborar productos y alimentos para la venta, hacer ventas por catálogo o internet, practicar el trueque, dar clases a domicilio, hacer traducciones, entre otras, las cuales surgen como respuesta al desempleo y a trabajos precarios para firmas de outsourcing o call centers. También describen actividades etiquetadas como “inmorales”, entre las que se encuentran pedir limosna, dedicarse al narcomenudeo, ofrecer servicios sexuales, trabajar en el coyotaje, convertirse en mercenarios o participar en la trata de personas, como otras formas de obtener ingresos.

Desde el punto de vista antropológico, el derecho al trabajo es un derecho otorgado en una relación de poder que crea desigualdades, las cuales se agudizan cuando se trata de mujeres y otros grupos marginados de la sociedad, como las minorías étnicas o personas con preferencias sexuales distintas.

¿Por qué existen los derechos laborales? Porque hay desposesión; ­porque se reconoce el derecho a la propiedad privada de todos los medios para la manutención, propiedad que se acumula en una pequeña parte de la población. El derecho al trabajo se apoya en códigos culturales y morales contradictorios.

[1]     Específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), artículos 6, 8 y 27, y en el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés), artículos 6, 7, 9 y 11.

Texto escrito por la Dra. Patricia Torres Mejía