En México se han experimentado dos ciclos para construir el derecho a la libertad de expresión. El primero se hizo a lo largo de un proceso de transición a la democracia que tuvo que desmontar de manera paulatina el autoritarismo del sistema político. Una de las piezas más valiosas han sido las discusiones en contra de la censura, un obstáculo que hay que vencer para tener una democracia de opinión, que no ha terminado porque los golpes de censura aún persisten.

Largos esfuerzos se han hecho en contra de la concentración ­mediática y por la defensa del derecho a la información. Con lentitud empezaron a abrirse los espacios mediáticos, y como se hizo la ruta de la transición que se inició en los niveles municipales hasta llegar a la presidencia de la República, así se fueron desbloqueando primero la prensa escrita, después la radio y, por último, la televisión. Pero hay que decirlo, han sido las redes sociales y las nuevas tecnologías las que cambiaron el panorama mediático concentrado y ampliaron las posibilidades para ejercer una libertad de expresión más nutrida y amplia.

El segundo ciclo se dio a partir de la fallida estrategia en contra del narcotráfico, que ha dejado un panorama desolador, de muertes y ­víctimas, y hundió al país en una guerra de la que no hemos podido salir. La libre expresión se volvió objeto de violencia por los ataques a ­periodistas, cuyo oficio en el país se convirtió en uno de los más peligrosos del ­mundo. El crimen y el quiebre de las instituciones encargadas de la impartición de justicia cedieron espacio a la impunidad. Prácticamente, a ningún periodis­ta víctima de dicha violencia se le ha hecho justicia; sólo son casos que se archivan y se abandonan en la inercia del olvido, como sucede con el gran número de desaparecidos cuyos familiares aún buscan tras el paso de los años.

Los derechos, como el de la libertad de expresión, al igual que los ­civiles y políticos, tienen que atenderse de modo permanente, porque en cualquier momento se puede atentar en su contra, sobre todo si no existe un tutelaje legal activo por parte de un Estado de derecho. Hay un ­resultado ­trágico de víctimas de la violencia que ha dejado un alto índice de muertes. De acuer­do con colectivos que defienden los derechos humanos, hay un ­saldo alarmante: entre 2007 y 2018 ha habido más de 130000 ejecuciones, más de 33000 desaparecidos, 1075 fosas clandestinas, 339000 ­desplazados, y dece­nas de periodistas asesinados. Las marcas del ­crimen afectan la ­información y la libertad de expresión; por eso, en México, ejercer el periodis­mo es poner en riesgo la vida, como lo expone la ­organización Perio­distas Sin Fronteras. Conforme a la Clasificación Mundial de la Liber­tad de Expre­sión, México ocupa el lugar 147 de un total de 180 países. Del año 2000 a la fecha, 116 periodistas han sido asesinados en nuestro país, y se registran 24 periodistas desaparecidos. Según la organización ­Artículo19, en 2017 hubo 507 agresiones a la libertad de expresión (hostigamientos, amenazas, ataques, intimidación, privación de la libertad, violencia institu­cional y remoción de contenidos) y 12 asesinatos.

El derecho a la libertad de expresión, que puede ser vulnerado por el poder, como sucedió con la emblemática investigación sobre La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y el despido ilegal de Carmen Aristegui de su espacio radiofónico, obedece a esquemas de intereses que es necesario cambiar, sobre todo si queremos tener un fortalecimiento democrático.

Sin una conclusión de este proceso de deterioro incremental y frente al inicio de un nuevo gobierno, es posible considerar que el fortalecimiento de los derechos humanos y la libertad de expresión sólo podrán avanzar si se logra una pacificación en el país, un proceso auténtico de justicia transi­cional, en el que todas las víctimas de la violencia, incluidos los periodistas asesinados, puedan tener justicia y recompensa. Al mismo tiempo, es urgente transformar la arbitrariedad que existe entre autoridad y conce­sionarios para evitar casos de censura. Por último, sin una estructura fuerte de medios públicos, que cumplan funciones informativas de Estado, y que puedan apuntalar los espacios plurales y los debates informados, el ejercicio de la libertad de expresión seguirá amenazado y podrá ser vulnerado en cualquier momento, como sucede actualmente.